Modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental [ES]

El Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 83, 7 de abril de 2015.

Nuevo régimen administrativo de reparación de daños medioambientales

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que incorporó al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, establece un nuevo régimen administrativo de reparación de daños medioambientales en virtud del cual los operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con ocasionarlo, deben adoptar las medidas necesarias para prevenir o evitar su causación o, cuando el daño se haya producido, para devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban antes de la causación del daño.

Los operadores de las actividades incluidas en su anexo III deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.

Una de las principales finalidades del Real Decreto 183/2015 recientemente publicado es dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 28.d) de la ley, estableciendo los operadores de las actividades que, atendiendo a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, quedarán exentos de la obligación de constituir garantía financiera, y por lo tanto de realizar análisis de riesgos medioambientales.

Para ello, se añade un nuevo apartado 2b) al artículo 37 de la Ley 26/2007, con el objetivo de recoger las actividades cuyos operadores quedan exentos de la obligación de constituir garantía financiera, y por tanto, de efectuar la comunicación a la autoridad competente.

Los operadores de las actividades que no están exentas, que son las incluidas en el apartado 2.a) del artículo 37, quedarán obligados por tanto a realizar el análisis de riesgos medioambientales, y en caso de que superen los umbrales previstos en la ley, a constituir la garantía financiera obligatoria.

No obstante, independientemente de la obligación o no de constituir garantía financiera, todos los operadores del anexo III de la Ley siguen teniendo una responsabilidad objetiva e ilimitada, de forma que aquellos que ocasionen daños medioambientales o amenacen con ocasionarlos, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir su causación o, cuando el daño se haya producido, para devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban antes de la causación del daño.

En último lugar, cabe destacar que, en el citado anexo III se definen las siguientes actividades que deberán constituir una garantía financiera:

  • Los operadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
  • Los operadores incluidos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, ya que en el ámbito de esta Ley se incluyen instalaciones cuyos procesos productivos se caracterizan por una cierta complejidad, y cuyo potencial de contaminación medioambiental es elevado, debido a que producen un mayor volumen de producto, por lo que se estima que, tanto el consumo de materias primas y productos químicos, como la generación de residuos, muchos de ellos peligrosos, son elevados, lo que puede provocar daños medioambientales significativos en caso de accidente.
  • Los accidentes acaecidos en los últimos años y su gravedad, destacan los ocurridos en instalaciones dedicadas a la gestión de los residuos derivados de las industrias extractivas.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3716