Real Decreto sobre traslado de residuos en el interior del territorio del Estado [ES]

El Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 83, de 7 de abril de 2015

Regulación del traslado de residuos en el interior del territorio del Estado

Por medio de la publicación del Real Decreto 180/2015 se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

La norma se estructura en tres capítulos: el primero contiene las disposiciones de carácter general, el segundo los requisitos comunes a todos los traslados y el tercero se refiere al caso específico de los traslados que requieren que se efectúe una notificación previa a los órganos competentes de las comunidades autónomas.

Así, de acuerdo con su artículo primero, el Real Decreto 180/2015 resulta de aplicación en el ámbito del transporte profesional de residuos.

Mención de manera expresa los traslados destinados a valorización o eliminación

En el ámbito de aplicación se mencionan de manera expresa los traslados destinados a valorización o eliminación «intermedias», términos definidos en este mismo capítulo y que proceden del reglamento comunitario. Esta inclusión permite aplicar el régimen jurídico de los traslados a los movimientos de residuos entre comunidades autónomas cuyo destino sea una instalación de almacenamiento.

Además de las mencionadas definiciones, se ha introducido en este capítulo la de «operador del traslado» como la persona física o jurídica que pretende trasladar o hacer trasladar residuos a otra comunidad autónoma para su tratamiento.

El operador será, como regla general, el productor de los residuos y, en caso de que intervengan en el traslado, el negociante, o el agente podrán ser los operadores del traslado en lugar del productor.

En el primer capítulo se enumera también los requisitos generales de los traslados. Los requisitos comunes para todos los traslados serán los siguientes:

  • la existencia previa de un «contrato de tratamiento»,
  • el «documento de identificación»
  • y un tercer requisito adicional, la notificación previa, aplicable exclusivamente a los traslados de residuos destinados a la eliminación y a los traslados de residuos domésticos mezclados, residuos peligrosos y los que reglamentariamente se determinen, cuando se destinen, en los tres supuestos, a valorización.

El capítulo II desarrolla los requisitos comunes a todos los traslados, es decir el «contrato de tratamiento» y el «documento de identificación».

El contrato de tratamiento equivale al denominado «documento de aceptación» del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Se trata de un documento de naturaleza contractual jurídico-privada, suscrito entre el operador del traslado y la entidad o empresa que efectuará el tratamiento, ya sea intermedio, ya sea final.

Se contempla también en la definición del contrato de tratamiento que este pueda ser suscrito entre el productor o poseedor de los residuos en el supuesto de que el operador sea el gestor que recoge residuos de distintos orígenes.

En este contrato deberá estipularse, como mínimo:

  • la cantidad estimada de residuos que se van a trasladar
  • su identificación mediante codificación LER
  • la periodicidad estimada de los traslados
  • el tratamiento al que se va a someter los residuos
  • cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos
  • las consecuencias jurídicas de la no conformidad del traslado con lo establecido en el propio contrato de tratamiento.

Por otra parte, el «documento de identificación», permite conocer en todo momento el tipo de residuo, su origen y destino, el operador del traslado, los datos del transportista y cualquier otra circunstancia inherente al movimiento de los residuos.

El capítulo III y último desarrolla el requisito adicional de la «notificación previa» a la que se someten determinados tipos de traslados, que, por la naturaleza de los residuos o por el tratamiento al que se someterán, deben ser previamente puestos en conocimiento de las administraciones afectadas, con el fin de que puedan, si hay razones que lo justifican, oponerse a los mismos.

De este modo, todo traslado de residuos destinado a eliminación debe notificarse previamente, y por tanto, debe proporcionarse a la Administración la ocasión de que valore si existe una alternativa al traslado de residuos a otra comunidad autónoma para su eliminación, de acuerdo con los principios de autosuficiencia y proximidad, sentados también en la ley.

Las medidas contenidas en este real decreto se enmarcan dentro de las actuaciones previstas en el seno de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) dirigidas a la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3715