Inconstitucionalidad del “Impuesto al Sol”

El Boletín Oficial del Estado de 1 de julio de 2017 publica la Sentencia 68/2017, de 25 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional.  Conflicto positivo de competencia 574-2016. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 68/2017, de 25 de mayo de 2017, declara la inconstitucionalidad del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
En concreto, estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña y declara inconstitucionales y nulos los siguientes artículos:
– El apartado tercero del artículo 4. Clasificación de modalidades de autoconsumo.
– Artículo 19. Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.
– Artículo 20. Inscripción en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.
– Artículo 21. Procedimiento de inscripción en el Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.
– Artículo 22. Modificación y cancelación de las inscripciones.
El primero de ellos establecía el denominado “Impuesto al Sol” ya que «en ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores» y solo contemplaba la producción de energía en caso de consumidores individuales. Con esta sentencia, se abre la puerta al autoconsumo compartido en comunidades de vecinos mediante placas fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica.

El Tribunal Constitucional considera que esta prohibición incide en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas en materia de «fomento y la gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética» en su ámbito territorial y «dificulta la consecución de objetivos de eficiencia energética y medioambientales» establecidos en varias directivas de la Unión Europea.

Los restantes artículos anulados regulaban el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica y atribuían la gestión a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Sin embargo, el Constitucional entiende que las funciones de control y seguimiento de este tipo de instalaciones corresponden a las comunidades autónomas al igual que la inscripción, la modificación y la cancelación de las inscripciones.

Asimismo, el Tribunal Constitucional declara que el apartado primero de la Disposición Adicional Segunda sobre vertidos a la red de energía eléctrica para consumidores que implanten sistemas de ahorro y eficiencia es constitucional siempre que se interprete en el sentido de que el otorgamiento de estas autorizaciones corresponde al Estado únicamente en los casos en los que el artículo 149.1.22 le atribuye competencias de autorización de las instalaciones eléctricas («cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad Autónoma o el transporte de energía salga de su ámbito territorial»).
En consecuencia, los consumidores de energía eléctrica conectados en alta tensión que realicen una actividad cuyo producto secundario sea la generación de energía eléctrica y que, debido a la implantación de un sistema de ahorro y eficiencia energética, que no sea ningún medio de generación de electricidad ni batería ni sistema de almacenamiento de energía, dispongan en determinados momentos de energía eléctrica que no pueda ser consumida en su propia instalación pueden ser autorizados a verter dicha energía a la red por el órgano competente en materia de energía de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre.

No obstante, cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad Autónoma o el transporte de energía salga de su ámbito territorial deberá ser autorizado por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.