Huella de Carbono en España: análisis y retos

El Ministerio para la Transición Ecológica, en su “Guía para el cálculo de Huella de Carbono”, la define como la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad (organización o producto); permite identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer, a partir de este conocimiento, medidas de reducción efectivas.

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el cálculo de la Huella de Carbono está dividido en tres alcances, que incluyen las siguientes emisiones directas e indirectas:

Alcance 1: Emisiones directas de calderos, hornos, vehículos, etc. Propiedad o controlados por la organización. Deberán incluirse las emisiones provocadas por fugas.

Alcance 2: Emisiones GEI indirectas asociadas a la electricidad adquirida y consumida.

Alcance 3: Emisiones indirectas de actividades corriente arriba y abajo, que incluye la manufactura por terceros a cuenta de la empresa o subcontratada, así como las franquicias no incluidas en el cálculo de alcance 1 y 2.

 

Aunque a nivel estatal ninguna normativa establece la obligación de calcular la huella de carbono de los productos u organizaciones, sí que existe un registro voluntario, creado por el Real Decreto 163/2014, que fomenta el cálculo y otorga un sello que aporta beneficios competitivos a la empresa, en imagen y en contrataciones públicas.

Además, el Real Decreto 56/2016, de eficiencia energética, obliga a las empresas a realizar una auditoría energética y a configurar un sistema de gestión ambiental, que requiere información muy similar a la necesaria para realizar el cálculo de huella de carbono y que, por lo tanto, puede resultar de gran utilidad.

Por su parte, y a este respecto, el Parlamento de Catalunya aprobó la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, que establece la obligación de evaluar la huella de carbono de todos los productos y materiales para la construcción comercializados en Catalunya, así como para los industriales finales. Dichos objetos deberán llevar de forma visible, tanto en etiquetado como en embalaje, su huella de carbono, ayudando a los consumidores a decidir su consumo conociendo las emisiones generadas por la producción y transporte de un determinado bien.

 

A pesar de que son, innegablemente, pasos en la dirección correcta (un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente), es necesario hacer los siguientes matices y plantear las siguientes preguntas:

¿Es la Ley catalana suficientemente ambiciosa? ¿Debería incluirse, además, la obligación de cálculo de huella de carbono para todo tipo de productos?

¿Establecerá la futura Ley del Clima, de ámbito estatal, más restricciones y obligaciones, en pro de la lucha contra el cambio climático? ¿Son necesarias, al igual que en Catalunya, leyes comunitarias de cambio climático?

Aunque existe una clara sinergia entre el Real Decreto de eficiencia energética y la Ley de cambio climático, ¿Debería ser aplicable el R.D. también a pequeñas empresas (menos de 250 empleados), en caso de que haya una futura modificación?

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